La Universidad Autónoma del Caribe solicitó esta tarde la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital para restablecer las actividades académicas tras el cese de actividades de cuatro facultades de la institución. 

El rector Ramsés Vargas envió dos cartas con su firma. Una a la Defensora del Pueblo Regional, Yamila Juana Hanna, y la otra al Personero de Barranquilla, Jaime Sanjuán. 

Ambos documentos detallan el siguiente mensaje: "Respetuosos del derecho fundamental de protesta que le asiste a los profesores y estudiantes que en recientes días han venido sosteniendo protestas en las instalaciones de la Universidad, solicitamos muy respetuosamente la intervención de su Despacho para que sirva de intermediador o facilitador entre las directiva de la institución académica y las fuerzas que están protestando con el ánimo de llegar a puntos de acuerdo y de evitar el riesgo de la suspensión en el servicio de educación, cuestión que afectaría a los estudiantes y profesores que siguen dando sus respectivas clases a pesar de las circunstancias". 

Las facultades que se han declarado en paro indefinido son: Ciencias Sociales y Humanas, Arquitectura, Ingeniaría y Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Esto da un total de 18 programas académicos que no han dado clase en estos dos días. 

Sin embargo, lo que resulta curioso de los dos pedidos de la Universidad hacia la Personería y la Defensoría del Pueblo, es que no tienen en cuenta a la inspectora in situ, designada por el Ministerio de Educación, Martha Lorena Sánchez. 

La funcionaria fue designada para vigilar a la institución e intentar llegar a una solución en la crisis actual. No obstante, ¿Por qué piden mediación en otros despachos y no al Ministerio a través de la inspectora delegada?.